El estado de Florida prevé cerrar gradualmente este verano el centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en la zona de los Everglades, luego de meses de litigios, altos costos operativos y denuncias por presuntas condiciones inhumanas.
De acuerdo con información publicada por The New York Times, proveedores del centro fueron notificados este martes de que los detenidos comenzarán a ser trasladados “a comienzos de” junio y que posteriormente la instalación será desmantelada en las semanas siguientes.
La cadena WFOR-TV también reportó que contratistas estatales recibieron avisos similares sobre el eventual cierre del centro.
El complejo fue impulsado por republicanos como parte de la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump, aunque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró recientemente que siempre se concibió como una instalación temporal.
“Si apagamos las luces mañana, podremos decir que cumplió su propósito”, declaró DeSantis la semana pasada.
La División de Gestión de Emergencias de Florida, encargada de supervisar el centro, señaló que el estado se adaptará si el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementa planes alternativos para las operaciones de detención en el sur de Florida.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos negó que exista presión federal para cerrar el centro y reiteró que Florida continúa siendo “un socio valioso” en la agenda migratoria de Trump.
Actualmente no se ha precisado a qué instalaciones serán trasladados los migrantes detenidos. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el lugar albergaba cerca de mil 400 personas a inicios de abril.
“Alligator Alcatraz” fue construido en 2025 sobre la pista del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, en la localidad de Ochopee, Florida, a menos de 80 kilómetros de Miami Beach. Desde su apertura enfrentó críticas de legisladores demócratas, organizaciones defensoras de migrantes, ambientalistas y comunidades tribales de la región.
Tras visitas al lugar, legisladores denunciaron que cientos de migrantes permanecían encerrados en jaulas bajo altas temperaturas, con presencia de insectos y acceso limitado a alimentos. También se presentaron demandas por restricciones al acceso de abogados.
Aunque tribunales federales permitieron previamente que el centro continuara operando, recientemente un fallo judicial ordenó mejorar el acceso de los detenidos a representación legal y garantizar llamadas confidenciales con sus abogados.
