Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano organizado por una escuela de formación con disciplina militar en el estado de Tamaulipas.
La víctima, identificada como Dafne Zapata, falleció el 16 de julio mientras participaba en las actividades del plantel, el cual opera bajo un modelo de instrucción militar, aunque no pertenece ni cuenta con autorización de las Fuerzas Armadas.
Las investigaciones derivaron en la captura del director de la institución y de dos instructoras, quienes enfrentarán el proceso judicial correspondiente. Las autoridades determinaron imponer prisión preventiva al director y a una de las responsables, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la menor, su hija habría sido sometida durante varios días a agresiones físicas antes de morir. La familia sostiene que la adolescente presentaba múltiples lesiones y signos de haber permanecido bajo el agua, además de cuestionar la versión inicial del personal del plantel, que aseguró que la joven se había desvanecido repentinamente.
Las indagatorias apuntan a que el fallecimiento pudo haberse registrado durante una presunta «novatada», práctica de iniciación que habría sido aplicada a nuevos integrantes del campamento.
Tras el caso, el Gobierno federal anunció una revisión de este tipo de instituciones. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los modelos educativos de carácter militar no cuentan con reconocimiento ni autorización oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública ni de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En ese sentido, la autoridad educativa federal informó que solicitará a los gobiernos estatales inspeccionar los planteles que operan bajo este esquema para verificar su situación legal y las condiciones en las que brindan sus servicios.
El caso ha generado preocupación por las condiciones en las que funcionan este tipo de escuelas y reavivó el debate sobre la violencia contra mujeres y menores de edad en México, un problema que continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad y derechos humanos.
