El paro nacional impulsado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha dejado sin clases a más de 1.5 millones de estudiantes en diversas entidades del país, estimó Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y coordinador de Educación en México Evalúa.
Durante una entrevista radiofónica, el especialista señaló que la falta de información oficial por parte de las autoridades educativas dificulta conocer con precisión el alcance de las afectaciones generadas por las movilizaciones magisteriales. No obstante, indicó que tan solo en Oaxaca la suspensión de actividades escolares es prácticamente generalizada en planteles de educación básica.
Fernández cuestionó que la Secretaría de Educación Pública no haya dado a conocer cifras actualizadas sobre el número de escuelas cerradas y alumnos afectados en estados donde la CNTE mantiene una fuerte presencia, como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Yucatán y la Ciudad de México.
Afirmó que la ausencia de datos oficiales limita la discusión pública sobre las consecuencias que tienen las protestas en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, quienes permanecen sin actividades académicas durante el desarrollo del conflicto.
En otro tema, el investigador expresó preocupación por las posibles modificaciones al sistema de promoción docente derivadas de las negociaciones entre el gobierno federal y la CNTE. Particularmente, advirtió sobre los riesgos que implicaría la desaparición de la Unidad para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
De acuerdo con Fernández, un eventual regreso a mecanismos de asignación de plazas y promociones con mayor influencia sindical podría afectar los criterios de mérito profesional y desempeño en el aula, con repercusiones en la calidad educativa.
Finalmente, sostuvo que las demandas del magisterio disidente han seguido durante décadas una dinámica de presión política para obtener beneficios económicos y administrativos, por lo que consideró que atender el conflicto únicamente mediante concesiones presupuestales no garantiza una solución de fondo ni mejoras en el sistema educativo nacional.
