La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició una revisión de las escuelas que ofrecen formación con enfoque militar para menores de edad, luego de la muerte de una adolescente de 13 años durante un campamento en Tamaulipas, en un plantel que operaba bajo ese modelo sin contar con autorización oficial.
El caso corresponde a Dafne Zapata, quien falleció el pasado 16 de julio, apenas unos días después de ingresar a la academia. Inicialmente, el personal del centro educativo informó que la menor se desvaneció mientras se bañaba; sin embargo, la versión fue cuestionada por sus familiares.
La madre de la adolescente denunció que su hija fue víctima de presuntos actos de violencia durante su estancia en el campamento y aseguró que presentaba lesiones al momento de su fallecimiento. A estas acusaciones se sumaron testimonios de exalumnos que señalaron la existencia de castigos físicos y prácticas de disciplina extrema dentro de la institución.
Como parte de las investigaciones, las autoridades detuvieron al director del plantel y a dos instructoras, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar las causas del deceso y deslindar responsabilidades.
Ante estos hechos, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que se envió una circular a las autoridades educativas de las 32 entidades del país para recordar que la legislación mexicana no contempla ni autoriza la educación militarizada para niñas, niños y adolescentes.
El funcionario explicó que también se revisarán los permisos de operación de planteles que promuevan este tipo de actividades, al señalar que ninguna autoridad educativa o militar avala este modelo de enseñanza.
Asimismo, destacó que la formación de menores bajo esquemas de carácter militar resulta incompatible con los principios establecidos en la Constitución y con el enfoque de derechos humanos que rige al sistema educativo nacional.
La dependencia federal informó además que brindará acompañamiento institucional a la familia de la menor y reiteró que la Ley General de Educación protege a las infancias contra cualquier forma de violencia o maltrato dentro de los espacios escolares.
