Con el objetivo de mejorar la supervisión de los establecimientos residenciales de atención a las adicciones, autoridades estatales iniciaron los trabajos para actualizar el Protocolo de Actuación del Comité Estatal de Supervisión.
La primera reunión de trabajo fue encabezada por el comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), de la Secretaría de Salud (SESA), Sebastián Granados Ponce, y el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), Javier Amaya Torres.
Durante el encuentro se revisaron propuestas para fortalecer la coordinación entre las instituciones y mejorar los mecanismos de actuación y seguimiento. La intención es establecer una ruta de trabajo que permita atender de manera oportuna y conjunta las situaciones que requieran la intervención de las autoridades.
Los funcionarios destacaron la importancia de mantener una comunicación permanente y sumar capacidades institucionales para fortalecer la supervisión de estos establecimientos, en beneficio de las personas usuarias y sus familias.
También se reconoció la utilidad del protocolo vigente como herramienta para coordinar las acciones de las instituciones que forman parte del Comité, por lo que se planteó incorporar ajustes que permitan responder a las necesidades actuales y facilitar su aplicación.
Durante 2026, el Comité Estatal de Supervisión ha realizado 50 supervisiones a establecimientos residenciales de atención a las adicciones. Como resultado de las determinaciones tomadas dentro de las atribuciones de las autoridades participantes, cinco establecimientos fueron clausurados y 19 recibieron suspensiones.
Los trabajos también contemplan mejorar la comunicación entre las instituciones y fortalecer los procesos de supervisión y seguimiento, siempre dentro de las facultades que corresponden a cada autoridad.
El CECA reiteró su disposición para continuar coordinando esfuerzos con la CEPCQ, con pleno respeto a sus atribuciones, medidas sancionadoras y competencias institucionales.
Con esta primera reunión comienza una agenda conjunta para actualizar el protocolo y establecer mejoras que permitan una intervención más coordinada, oportuna y ordenada ante las distintas situaciones que puedan presentarse en los establecimientos residenciales.
