El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, propuso a los ocho partidos políticos con registro en el estado establecer un Protocolo Único Antinarcocandidatos, con el objetivo de impedir que personas relacionadas con la delincuencia organizada puedan contender por cargos de elección popular.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario planteó que partidos, autoridades y sociedad establezcan desde ahora mecanismos que permitan revisar la integridad de quienes busquen aparecer en las boletas durante el próximo proceso electoral.
La propuesta contempla que los aspirantes cumplan una declaración denominada “6 de 6”, mediante la cual deberán proporcionar información patrimonial, fiscal y sobre posibles conflictos de interés, además de acreditar que no cuentan con antecedentes penales ni adeudos por obligaciones alimentarias.
Entre los requisitos planteados también se encuentra una prueba de detección de adicciones y la revisión de la información proporcionada por parte de un organismo independiente, con la finalidad de verificar que exista correspondencia entre los ingresos, bienes e inversiones declarados y el patrimonio de cada candidato.
El gobernador propuso además incorporar un examen de control de confianza que incluya una prueba de polígrafo, aplicada por una institución independiente que cuente con acreditación internacional.
Kuri González señaló que los resultados de estas evaluaciones deberían hacerse públicos para que los ciudadanos puedan conocer el perfil de quienes pretendan ocupar un cargo de elección popular y contar con mayores elementos al momento de votar.
El mandatario sostuvo que el objetivo es establecer un filtro que permita detectar posibles vínculos con grupos criminales antes de que una candidatura sea registrada, particularmente ante los casos registrados en otras entidades donde, dijo, la delincuencia ha logrado establecer relaciones con actores políticos.
“Eso no va a ocurrir en Querétaro”, afirmó el gobernador, al señalar que la entidad debe mantener una postura firme para proteger a las familias y preservar las condiciones de seguridad.
Kuri invitó a los partidos políticos a adoptar voluntariamente este esquema y consideró que los requisitos propuestos no representan medidas extraordinarias, sino un estándar de confianza acorde con las exigencias de la ciudadanía hacia quienes buscan ejercer una responsabilidad pública.
La iniciativa queda ahora en manos de las fuerzas políticas del estado, que deberán definir si respaldan la propuesta y bajo qué mecanismos podrían incorporarse estos filtros a sus procesos internos de selección de candidaturas.
