Querétaro, Qro. El senador Agustín Dorantes Lámbarri presentó una estrategia para impulsar la regularización de asentamientos irregulares en Querétaro, con el objetivo de facilitar la certeza jurídica sobre la propiedad de las viviendas y avanzar en el acceso a servicios e infraestructura para las familias que habitan en estas zonas.
El legislador señaló que, de acuerdo con el catálogo del Gobierno del Estado, existen mil 168 asentamientos registrados en la entidad. De ellos, 241 han sido regularizados, 492 se encuentran en proceso y 435 permanecen pendientes de regularización.
Indicó que 259 de los asentamientos pendientes requieren trámites ante instancias federales y atribuyó los retrasos a la falta de titulares o representantes en dependencias como el Registro Agrario Nacional (RAN), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y la Procuraduría Agraria.
Dorantes afirmó que esta situación impide que las familias obtengan certeza jurídica sobre su patrimonio y retrasa la ejecución de obras y servicios públicos en esas zonas.
Como parte de la estrategia, anunció que presentará un exhorto dirigido a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para solicitar que agilice los trámites relacionados con la regularización de asentamientos en Querétaro.
Asimismo, informó que promoverá una reforma a la legislación federal para establecer plazos en los procedimientos administrativos y acelerar la atención de los expedientes en proceso. Agregó que buscará impulsar, en coordinación con la Legislatura local, modificaciones al marco jurídico estatal en la materia.
Durante la conferencia participaron representantes de distintos asentamientos que llevan varios años gestionando su regularización. Entre ellos estuvo Bernabé Guerrero, representante del asentamiento Halcones, quien señaló que los cambios en la representación de dependencias federales han retrasado los trámites.
El senador también destacó que durante su desempeño como secretario de Desarrollo Social, en dos periodos distintos, se realizaron más de seis mil acciones de atención en asentamientos irregulares y se destinaron, según dijo, más de 30 millones de pesos para obras de servicios básicos, urbanización y procesos de regularización.
